Aug. 19 , 2012
Fuente: Blog La Tercera
por Mario Waissbluth

Honorables integrantes del Senado de Chile:

Mario Waissbluth es egresado del Liceo José Victorino Lastarria. Es Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Chile, con PhD en Ingeniería de la Universidad de Wisconsin
Desde 2005 es Profesor en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. En esa condición es fundador y Director Académico del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, y de los Diplomados en Gerencia Pública y Gerencia Escolar. Asimismo, es Profesor del Magister en Gestión y Políticas Públicas, y miembro del Comité Académico del Magister en Gestión para la Globalización.
Desde 2009 es el Coordinador Nacional y Presidente de la Fundación Educación 2020. Este es un movimiento ciudadano que ya cuenta con 76.000 adherentes, y que ha logrado importantes cambios en la legislación y presupuesto público nacional.
Ha publicado más de 70 artículos o capítulos de libros, y dirigido más de 150 proyectos de investigación y consultoría en temas que incluyen política educativa, biotecnología, planificación estratégica, gestión tecnológica, descentralización, y gestión del sector público. Sus publicaciones y artículos de prensa están disponibles en http://www.mariowaissbluth.com
En el 2010 publicó en la Editorial Random House Mondadori el libro “Se Acabó el Recreo: La Inequidad en la Educación”, que hoy está ya en su 4ª edición.

Introducción

En primer lugar, me disculpo por la extensión de esta carta. Difícil comprimir los argumentos que, quisiera expresarles en relación con la reforma tributaria que Uds. deberán zanjar en los próximos días.

Educación 2020 es una organización plural, no alineada con el gobierno ni con la oposición, como tampoco lo estuvimos durante el 2009, año de nuestro nacimiento, en otro período presidencial.

Hemos colaborado en diferentes instancias legislativas, y hemos aplaudido muchas iniciativas, como la ampliación de la subvención preferencial, el aumento general de recursos a la educación, o el trabajo que se está realizando para transparentar y mejorar la acreditación de la educación superior.

Aclaro: no es parte de nuestra plataforma la eliminación de la educación particular subvencionada, pues creemos en una oferta educativa amplia y plural.

Dicho lo anterior, nos parece inaceptable que la educación impartida por el Estado, hoy municipalizada, desaparezca, como ya está ocurriendo en muchas comunas y barrios de Chile.

Tal como los apoderados tienen el derecho a enviar a sus hijos a una escuela religiosa o privada, deben tener la opción, en todos los barrios de Chile, de enviar a sus hijos a una escuela pública, laica, con los más altos estándares educativos y laborales.

Es el Estado, y no el sector privado, el que tiene el deber constitucional de asegurar el acceso a la educación en todo el territorio, y de no permitir que determinados territorios queden bajo un monopolio de pensamiento ideológico o religioso de cualquier índole.

Tampoco son aceptables los diversos abusos que se han cometido en el sistema, en materia de falseamiento de asistencia por motivos económicos, ocultamiento de malos alumnos para evitar la reducción de puntajes SIMCE, u otras prácticas respecto a las cuales recibimos cotidianas denuncias, como la selección de alumnos en Básica, o expulsión de los mismos por razones académicas, para “mejorar el ranking SIMCE”.

En los países exitosos en educación, el foco principal de las escuelas son los alumnos menos aventajados, para procurar la equidad de oportunidades en cada aula. El contrato educativo allá no es mercantil, es moral.

Nos parece una vergüenza nacional e internacional (como nos lo ha observado la OCDE) el hecho indesmentible de que, después de la pequeña región de Macao, entre los países que rinden el test de PISA, tengamos el peor Índice de Segregación Social (Indice de Duncan) del mundo, peor aun que el de países como Perú o Brasil que tienen inequidades sociales peores que las de Chile, de por si graves.

Este Indice no tiene nada que ver con la equidad de resultados escolares, ni con la educación pública. Podríamos en el extremo tener un sistema en que todas las escuelas tuvieran los mismos niveles de SIMCE, todas privadas, y aun así tener gran segregación social.

Los hijos de los que pueden pagar $400 mil pesos mensuales estudiando con los que pueden pagar $400 mil, los de $100 mil con los de $100 mil, los de $30 mil con los de $30 mil, y los de $0, con los de $0.

Los ciudadanos de ciertos países se acostumbran a vivir con sus horrores. Hay quienes aprenden a convivir con la guerra civil, otros con las bandas de narcotraficantes, y ésta pasa a ser su normalidad cotidiana.

Nuestra normalidad cotidiana ha pasado a ser la segregación: social, racial, religiosa, de toda índole.

La pregunta que Uds. deben hacerse es profunda, y va más allá de esta reforma tributaria.

¿Puede Chile aspirar a tener cohesión social, convivencia de clases sociales, de razas, puede llegar a ser un país tolerante de la diferencia, poco xenófobo, si hemos inventado un sistema en que, desde la cuna, los chicos prácticamente no conocen a nadie que no sea una copia de ellos mismos?

Hay quienes me dicen a la cara “pero si a los chilenos nos gusta vivir segregados”. Esa frase me produce repugnancia. Viajar en Metro desde Pajaritos a Los Dominicos es equivalente a mudarse de país en materia racial.

Nos da igual si esto ha sido culpa del régimen militar, del gobierno anterior, o del actual.

Lo que Uds. deben preguntarse es qué debemos hacer, a la brevedad posible, para comenzar a paliar este grave problema… y no para profundizarlo.

Evidencias

Hay quienes dicen que la segregación escolar no es fruto de nuestras políticas educativas, sino de la natural segregación territorial de clases sociales, y de las políticas urbanas.

Eso es patentemente falso, y todas las publicaciones internacionales arbitradas demuestran que las reglas del sistema escolar profundizan la segregación.

El sólo hecho de asistir a escuelas con diferentes capacidades de pago de los padres genera este espanto. Es mero sentido común.

A continuación, cito la evidencia, cuyos autores son algunos de los 29 investigadores educativos con 20 o más años de trayectoria publicando en revistas internacionales arbitradas por pares neutrales, que difundieron recientemente una carta solicitando que el incentivo tributario para copago privado de la educación se elimine de la reforma.

1. Alejandra Mizala y Florencia Torche, en el International Journal of Educational Development: “encontramos que la asociación entre el nivel socioeconómico del colegio y los resultados en el SIMCE es más del doble en tamaño en los colegios particulares subvencionados que en los colegios municipales, lo que se explica por una pronunciada estratificación socioeconómica en el sector particular subvencionado.

En otras palabras, el resultado educativo de un estudiante que asiste a un colegio particular subvencionado depende en mayor medida del nivel socioeconómico de su colegio que del nivel socioeconómico de su familia”.

2. Los 29 académicos anteriormente citados, en su carta pública: “en lugar de fortalecer el financiamiento compartido éste debería tender a reducirse o eliminarse. El financiamiento compartido agrava la alta segregación social de la educación chilena, limita las posibilidades de elección de las familias (asociándolas a su capacidad de pago), y refuerza el carácter selectivo y excluyente de las comunidades escolares.

A cambio, no ha demostrado tener efectos positivos relevantes en el mejoramiento de la calidad ni la equidad educativa, objetivos prioritarios de la política educacional”.

3. “No existe evidencia de que el sistema de Financiamiento Compartido haya generado efectos de una magnitud relevante en los resultados académicos” (Elacqua, Montt y Santos, 2012; Bravo y Quintanilla, 2002; Anand, Mizala y Repetto, 2009; Mizala y Torche, 2012).

Esta aseveración, Honorables Senadores, es impactante.

Les ruego la relean con atención.

Los apoderados invierten en Chile cerca de US$500 millones de dólares anuales en financiamiento compartido… y no parece traducirse en resultados de calidad.

Por cierto… ¿a dónde ha ido a parar ese dinero entonces?

4. Más sorprendentemente aún, Mizala y Torche han demostrado que, si se estudian escuelas de similar estrato socioeconómico, se encuentra que los resultados de escuelas particulares con copago, sin copago, y municipales, es en promedio virtualmente idéntico.

Cabe incluso preguntarse cómo es posible que escuelas municipales, sometidas a todas las restricciones laborales y normativas que conocemos, logren los mismos resultados que las particulares gratuitas y las particulares con copago.

Así entonces, como afirma Fernando Atria, el financiamiento compartido ha producido que, hoy en día, “la única decisión que toman los padres es con quien NO se educan sus hijos”. Un horror con el cual nos hemos acostumbrado a convivir.

Cinco razones para no incluir el incentivo tributario por gasto privado en educación.

Existen, Honorables Senadores, cinco motivos para no incluir este incentivo en la reforma tributaria.

Destaco que cada una de estos cinco por separado sería razón suficiente para no adoptar esta aberrante medida.

1. Aumenta la segregación. A partir del momento en que este incentivo lo recibe aquel 15% de contribuyentes entre 500.000 y 1.500.000 pesos a los que SI les alcanza el ingreso como para pagar el impuesto a la renta, es evidente por sí mismo que va a incentivar aun más la segregación por estrato de ingreso.

2. Es injusto dentro de ese tramo de ingresos. Podría tal vez comprenderse que el gobierno quiera extender beneficios a la así llamada “clase media” en este tramo, aunque la verdad es que en este injusto país la verdadera “clase media” gana bastante menos.

Pero aceptémoslo por un momento.

Ocurre que el 37% de ese segmento tiene a sus hijos en escuelas municipales, y aproximadamente otro 15% los tiene en escuelas particulares SIN copago. ¿Por qué se beneficia – dentro del tramo de beneficiarios – a unos apoderados respecto a otros y a un tipo de escuelas respecto a otras, cuando los datos señalan con meridiana claridad que esas no mejoran los resultados académicos de los alumnos?

3. Este es el 4º ataque a la educación pública en este período presidencial. Se está incentivando a ese 37% arriba mencionado a abandonarla. En adición, el proyecto de Carrera Docente le dio un trato flagrantemente preferente a las escuelas particulares respecto a las públicas, y estamos luchando en el Congreso para que eso no ocurra. El proyecto inicial de Calidad y Equidad de Enero de 2011 virtualmente demolía financieramente a los municipios más pequeños, de manera “inexplicable”.

Felizmente logramos pararlo.

Los “semáforos SIMCE” fueron una maniobra comunicacional que, curiosamente, perjudicaba a la educación pública.

¿Por qué se hace todo esto?

Se ha argumentado que la subvención preferencial favorece a la educación pública, y ese es un argumento espurio. Esa subvención se le da a ambos tipos de escuelas, y facilitará la expansión del sector privado a segmentos más vulnerables.

Felicitamos la SEP… pero ese no es un argumento legítimo.

Se ha afirmado también que se le están aportando recursos adicionales a la educación pública, pero curiosamente se omite decir que muchos de ellos se relacionan con la reconstrucción del terremoto y con el pago de bonos de retiro, que Educación 2020 forzó al gobierno a pagar, pues no estuvieron incluidos en la Ley de Calidad y Equidad.

No es para nada evidente que el gobierno tenga particular afición por este tipo de educación.

4. Los subsidios a la demanda aumentan los precios. Esta es teoría económica elemental. El “bono leña” en Aysén tuvo como efecto colateral el aumento del precio de la leña.

En España, el subsidio al arriendo de habitaciones a personas de bajos ingresos produjo… el incremento del precio de los arriendos, y el subsidio a medicamentos, el aumento del precio en las farmacias.

Este subsidio va a provocar inevitablemente un aumento de precios promedio en el copago, sin mejoras de calidad.

5. Hay mejores usos para estos recursos. Este subsidio, ya en régimen, significará una menor recaudación de US$ 120 millones por año.

El monto total de la reforma tributaria bordea, según lo planteado, US$ 1000 millones.

Nuestros cálculos señalan que una reforma educativa seria requeriría en régimen, tan solo en preescolar y escolar, US$ 3500 millones, en temas mucho más urgentes y necesarios que incentivar la segregación, aumentar el lucro vía precios, sin resultados de calidad, y dañando aun más la educación pública.

Me disculpo por la longitud de esta misiva. Los saludo atentamente en nombre de nuestros 84 mil adherentes formales.

Por favor, no aprueben semejante aberración.